El Gobierno español ha acordado en principio la limitación de los alquileres. Mallorca y las islas vecinas se ven especialmente afectadas por esta cuestión.
En Mallorca, el tema es una patata especialmente caliente: El Gobierno de coalición español acordó un tope de alquiler a mediados de abril. Sin embargo, las comunidades autónomas deben decidir sobre su aplicación, que en Baleares depende también de las elecciones del 28 de mayo.Seremos la primera región en introducirlo", dijo la ministra presidenta socialdemócrata Francina Armengol en caso de victoria, después de ocho años de hacer poco o nada para calmar el sobrecalentado mercado del alquiler bajo su liderazgo. Sin embargo, el conservador Partido Popular, que lidera las encuestas, se ha pronunciado en contra del paquete legislativo. En lugar de prohibiciones y regulación, quiere centrarse en incentivos y más construcción de viviendas.Está claro que la nueva Ley de Vivienda sólo podrá tener impacto en la nueva legislatura. En primer lugar, todavía tiene que ser aprobada en Madrid, mientras que el Parlamento balear ya ha sido disuelto antes de las nuevas elecciones de mayo y ya no puede tomar ninguna decisión.
Nueva „Ley de Vivienda“
En cualquier caso, las condiciones para su aplicación se aplican al 95 por ciento del territorio de Mallorca y las islas vecinas: O bien los alquileres deben suponer al menos el 30 por ciento de la renta media o bien debe haberse producido un incremento en la región en los últimos cinco años superior en más de tres puntos porcentuales a la inflación general.
En este caso, los grandes propietarios (cinco o más pisos) están obligados por un índice de alquiler aún por elaborar y los pequeños por el precio del último contrato con un inquilino anterior, si existe y se conoce. El límite máximo de aumento de los alquileres impuesto desde el coronavirus va a pasar del dos al tres por ciento a partir de 2024, lo que no es ni de lejos suficiente para cubrir la inflación.
Penalización del IBI en Mallorca?Las viviendas vacías durante más de dos años se penalizarán con una subida del IBI de hasta el 150 por ciento del importe normal, pero sólo para los propietarios de al menos cuatro pisos en un municipio y a criterio del ayuntamiento.
Las fianzas se reducirán a un mes de alquiler. Los honorarios de los agentes inmobiliarios tendrán que correr a partir de ahora exclusivamente a cargo del propietario, y también se limitarán los aumentos indirectos de precios a través de costes accesorios. Los observadores temen ahora que algunos pisos se vendan o desaparezcan del mercado debido a los nuevos requisitos. También podrían aumentar las transacciones por debajo de la mesa, por ejemplo con familiares. Este tipo de tendencias ya se han visto en Cataluña, donde se aplicó temporalmente un tope de alquiler que luego prohibió el Tribunal Constitucional.
La complicación añadida de los desalojos forzosos, como en el caso de los conflictos por el alquiler, es ahora especialmente controvertida. Según los periódicos de Mallorca, un nuevo procedimiento en la Ley de Vivienda los retrasará en general dos años.Y los contratos de alquiler, que en general tienen una duración de cinco años en España desde la reforma de 2018, tendrán ahora todos una opción legal de prórroga de tres años más en las condiciones existentes.
Lo que a priori suena amigable para los inquilinos y quizás podría hacer que las condiciones en España se parezcan más a las de Centroeuropa también alberga un riesgo, ya que los propietarios podrían sentirse disuadidos o exigir pruebas burocráticas extremas en el futuro, especialmente en Mallorca.
Michael U. Maier
